Elí Mejía Mendoza, conocido como alias Martín Sombra, uno de los rostros más temidos y emblemáticos de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), murió a los 94 años de edad en un hospital de la capital colombiana.
El deceso ocurrió este lunes en horas de la mañana en el hospital El Tunal, ubicado al sur de Bogotá, donde el exguerrillero permanecía internado desde hace varios días por complicaciones de salud. La Secretaría de Salud confirmó el fallecimiento, mientras se espera que las autoridades judiciales definan los pasos a seguir respecto a los múltiples procesos abiertos en su contra.
Considerado durante décadas como uno de los máximos responsables de las políticas de secuestro del grupo insurgente, Martín Sombra adquirió notoriedad por su rol en la instalación de centros clandestinos de reclusión, el reclutamiento forzado de menores y la ejecución de varios crímenes durante el conflicto armado interno.
El veterano insurgente fue capturado en 2008 y, tras acogerse al acuerdo de paz de 2016, se convirtió en una fuente clave de testimonios ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sus declaraciones, aunque polémicas, permitieron esclarecer hechos como el uso de menores de edad en operaciones armadas y su posible implicación en masacres atribuidas por años a otros actores armados.
A pesar de los beneficios otorgados por el sistema transicional, Mejía volvió a ser arrestado en 2020 por su presunta vinculación en un secuestro ocurrido en Caquetá tres años antes. En esa ocasión, fue detenido sin resistencia por la policía, mientras se desplazaba con muletas en una zona residencial de Bogotá.
Durante sus intervenciones ante la JEP, Martín Sombra causó revuelo al atribuir la masacre de Mapiripán a fuerzas de las Farc, contradiciendo versiones históricas que responsabilizaban a grupos paramilitares. Sus testimonios generaron tensiones dentro del sistema judicial, pero también ofrecieron pistas fundamentales para esclarecer la verdad de algunos de los hechos más atroces del conflicto armado.
En julio de 2024, la JEP decidió mantenerlo bajo su jurisdicción, argumentando que su colaboración había sido sustancial, aunque su situación legal permanecía ambigua debido al vencimiento de términos en el sistema judicial ordinario.
Ahora, con su fallecimiento, el futuro judicial de los casos pendientes queda en manos de la justicia transicional. Se espera que la JEP evalúe si los aportes del excombatiente pueden seguir siendo útiles como pruebas documentales o testimoniales en procesos en curso.
NAM/Infobae
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