La democracia española vivió ayer sus horas más difíciles desde la Transición. Miles de personas trataron de desafiar la prohibición del referéndum unilateral en las calles de Cataluña; la policía actuó con contundencia para hacer cumplir la suspensión. «El referéndum que pretendía liquidar la Constitución no ha existido», afirmó Mariano Rajoy al final de la jornada para restar legitimidad a la movilización. Tanto el líder del PSOE, Pedro Sánchez, como el de Ciudadanos, Albert Rivera, suscribieron en lo esencial ese punto de vista. El Gobierno abrió a Carles Puigdemont una ventana a la negociación, pero el presidente de la Generalitat respondió que está listo para proclamar, esta semana, la independencia de Cataluña.
A las 22.30 horas, todavía sin dar a conocer los resultados de la votación, Puigdemont hizo una comparecencia institucional en el Palau de la Generalitat en la que se felicitó por haber podido «celebrar el referéndum». Y añadió que está listo para «implementar» la Ley que amparaba la consulta, que está suspendida por el Tribunal Constitucional.
«En esta jornada de esperanza y sufrimiento, los ciudadanos nos hemos ganado el derecho a constituir un Estado independiente en forma de república. El Govern trasladará al Parlament los resultados para que actúe con lo previsto en la Ley del Referéndum», aseguró, flanqueado por todos los miembros del Govern.
Esa norma especifica se debería celebrar una sesión en el Parlament en los dos días siguientes a la proclamación de los resultados «por parte de la Sindicatura electoral», un organismo que ya no existe porque se disolvió, que servirá para «efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña». El vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, añadió poco después que «Cataluña se ha ganado el derecho a constituirse en república independiente, si así lo decide su Parlament».
El mensaje de Puigdemont dejó claro también su otra gran misión: presionar a la comunidad internacional para que intervenga en el enfrentamiento entre el Gobierno y la Generalitat. «Debo hacer una apelación directa a Europa. Nos hemos ganado el derecho a ser respetados. La UE no puede seguir mirando hacia otro lado, los derechos fundamentales están en peligro por los abusos de un Estado que se comporta de manera autoritaria», dijo el president.
Se refería a las cargas policiales que se produjeron durante toda la jornada, y que tuvieron amplio eco internacional. «La situación que se ha generado en Cataluña ya no es un asunto interno, sino de interés europeo», subrayó Puigdemont.
Apelación directa a la UE
La Generalitat anunció, ya pasada la medianoche, que había contado 2.262.424 votos, sobre un censo de más de 5,3 millones. Algo más de dos millones (más del 90%) fueron a favor de la independencia. Se trata de números muy similares a los de la consulta del 9-N, cuando participaron más de 2,3 millones de personas, aunque el Govern recordó que en aquella ocasión se votó sin la intervención policial -ayer 400 colegios se vieron afectados, entre los que no pudieron abrir y los que sufrieron confiscaciones de urnas- y los llamados a votar eran más, porque se incluyó a los menores de entre 16 a 18 años. El no a la independencia se quedó en unos testimoniales 176.000 sufragios.
El objetivo de la Generalitat era que ayer se votara como fuera, y lo logró sólo a medias. Para ello, tuvo que vulnerar a última hora casi todas las reglas que los propios independentistas habían establecido en la Ley del Referéndum, ya suspendida por el Tribunal Constitucional. La consulta se quedó lejos de los estándares de votaciones de este tipo, pero el Govern logró una gran movilización retransmitida en directo.
A las ocho de la mañana, una hora antes de la apertura prevista de los locales electorales, Jordi Turull compareció para explicar que se podía votar en cualquier lado -no hacía falta que fuera en el colegio asignado- porque se había activado un «censo universal»– que según él impedía que un ciudadano pudiera participar en más de una ocasión; que se daban por buenas las papeletas sin sobre que se introdujeran en las urnas; y que las papeletas impresas en casa se considerarían válidas. Todo ello transgredía la normativa que debía amparar la votación.
Esos cambios provocaron que, al contrario de lo que había previsto el Ministerio del Interior, los principales dirigentes del procés pudieran votar con tranquilidad. Carles Puigdemont burló el dispositivo policial que había requisado el material electoral en su colegio de Sant Julià de Ramis (Girona) y votó en el municipio de Cornellà de Terri. También Oriol Junqueras y Carme Forcadell participaron en la consulta en lugares en que no se había previsto.
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