La noche de este martes, fue ultimado Aulio Isararama Forastero, gobernador de la comunidad Catru Dubaza Ancoso, en el Alto Baudó. Organismos como la ONU y la OEA rechazaron el crimen y pidieron una investigación para esclarecer lo ocurrido.
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La víctima más reciente es Aulio Isararama Forastero, actual gobernador indígena del resguardo Catru Dubaza Ancoso, de la comunidad del Alto Baudó en Chocó. Según las primeras versiones, Isararama fue ultimado en la noche de este martes por sujetos que portaban armas de fuego.
Dadas las extrañas circunstancias del homicidio, una comisión de autoridades locales y organismos de derechos humanos se desplazó hasta la zona para establecer lo ocurrido y analizar la situación de seguridad de la comunidad del Alto Baudó.
El crimen fue repudiado por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que declaró que hace seguimiento al caso. Hace menos de 15 días, esa misma organización alertaba por el asesinato de otro gobernador indígena: Óscar Tenorio Sunscue, miembro del resguardo indígena de Chinas del municipio de Páez (Cauca).
A las voces de rechazo se sumó la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), que exigió “una investigación oportuna”, mientras que la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) advirtió que el crimen es una muestra de que en el país “continúa el exterminio con los pueblos”.
La semana pasada –mientras se anunciaba un paro nacional para exigir que el Gobierno cumpla lo acordado con las Farc en La Habana– David Flórez, vocero de Marcha Patriótica, lanzó una cifra inquietante: en lo que va de 2017, han sido asesinados 120 líderes sociales. Aunque hay discrepancias en la cifra, pues otras entidades aseguran son unos 50 los asesinados, en los últimos días parece que esta situación ha empeorado.
Y es que en menos de tres días fueron asesinados cuatro líderes en distintas partes del país. Se trata de José Jair Cortés (en Tumaco, Nariño), Liliana Astrid Ramírez Martínez (en Coyaima, en Tolima), Eliécer Carvajal (en Puerto Guzmán, Putumayo) y Liliana Patricia Cataño Montoya (en Medellín, Antioquia).
A mediados de julio pasado, la Defensoría del Pueblo cifró en 52 el número de asesinatos contra líderes y defensores de derechos humanos en el primer semestre del año. Ante ello, la semana pasada el presidente Juan Manuel Santos convocó al Consejo Nacional de Garantías de Seguridad para analizar la violencia que afecta la seguridad de los líderes.
La Comisión se creó en febrero pasado y hace parte del acuerdo de paz firmado entre Gobierno y Farc. Tal instancia propende por el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables homicidios y masacres, que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos.
Condenamos homicidio d Aulio Isararama Forastero, Gobernador indígena Docasina, Reg Catru, Dubaza y Ancoso, Alto Baudo. Hacemos seguimiento pic.twitter.com/6x9YeaPqLF
— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) October 25, 2017
#ChocóAcuerdoHumanitarioYa: Condenamos asesinato gob. indígena Aulio Forastero. Solidaridad con comunidad y llamado a investigación oportuna pic.twitter.com/AIacVEYjO0
— MAPP/OEA (@MAPPOEA) October 25, 2017
NV1/El Espectador
