La semana pasada, la Asamblea Nacional en desacato, sin frenos, sin pudor y sin quórum, aprobó una “ley” que, además de ratificar aquella ley esperpéntica de hace un par de años, donde se auto perdonaban los delitos han cometidos desde 1999 hasta ahora (¡Fuego, fuego, fuego!); ofrece una amnistía a los funcionarios públicos que desconozcan la presidencia del presidente Nicolás Maduro. Más tarde, Juan Guaidó, tuiteaba: “A todos los funcionarios del estado hoy les ofrecemos la amnistía y reconciliación pero con justicia”. Una ley a la medida de su hora más loca.
Es que la ley se lee como está escrita. Por eso el lenguaje legal es tan fastidioso para quienes no somos abogados. Para redactar una ley hay que especificar cada detalle, cada situación, por obvia o por minúscula que parezca. Generalizar deja un boquete abierto para que se cometan, arropados por el manto de la ley, las peores atrocidades. Y es ese el manto que tiende hoy la AN en desacato.
Haciendo una interpretación de la Constitución, que no les corresponde interpretar a ellos sino a la Sala Constitucional del TSJ, y considerando que “según lo establece entonces el artículo antes citado (el 333 de la CRBV), los funcionario de la Fuerza Armada de Venezuela, los policías, el resto de los funcionarios civiles y, en general, cualquier ciudadano, tiene hoy el deber de colaborar con el restablecimiento del orden constitucional en Venezuela.” redactan una ley que dice peligrosamente: “Artículo 3. Se concederán todas las garantías constitucionales en favor de todos aquellos funcionarios civiles y militares que, actuando con base en los artículos 333 y 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, colaboren en la restitución de la democracia y el orden constitucional en Venezuela, conculcado por el régimen de facto encabezado por quien hoy se encuentra usurpando la Presidencia de la República.”
Así, según ese bodrio, no solo TODOS los funcionarios públicos, chavistas o no, sino todos los ciudadanos, tenemos el DEBER de respaldar la hora loca que impone Pompeo, o estaríamos violando la Constitución y, claro, cometiendo un delito que será penado.
Este sería el marco jurídico de quienes, en su última hora loca, dejaron un reguero de muertos y heridos y quemaron gente viva porque les “parecían chavistas”.
Carola Chávez
Escritora
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