Las agencias de calificación de riesgo son empresas vinculadas al sistema financiero, cuyo objetivo, en teoría, es informar al mercado sobre los riesgos que enfrentan los inversionistas, mediante una nota o calificación al instrumento crediticio y a la capacidad económico-financiera del emisor para cumplir con las obligaciones de capital y cupones que se derivan del mismo.
La calificación funciona como un indicador para la toma de decisiones de quienes aspiran entrar al mercado de la deuda de renta fija. Éstas son emitidas por los gobiernos y/o empresas, negociándose –bien sea de manera bilateralmente, entre gobiernos en el caso de deuda pública-, o en los mercados de capitales internos y externos.
En la actualidad, el mercado a nivel internacional opera como una estructura oligopólica, controlada aproximadamente en un 90 % por las compañías estadounidenses: Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch IBCA; cada una con sistema propio, pero similar, de calificaciones, que están compuesto por caracteres alfabéticos, con agregación de números o signos. Por ejemplo, la máxima calificación de alto grado de un bono para Standard & Poor’s y Fitch IBCA es AA+; en tanto, para Moody’s es Aa1.
Hasta este punto todo parece indicar que estas empresas son necesarias para el buen desenvolvimiento del mercado de capitales, al suministrar “información fidedigna” de la operación crediticia -considerando el grado de inversión y especulación-, lo cual mitigaría la exposición al riesgo por impago.
Este planteamiento no es del todo cierto, puesto que estas agencias debido a la influencia que alcanzaron, pasaron a ser, factores de sometimiento, tanto para el sector privado como para el gubernamental. Sus propietarios, que a su vez son inversionistas, pueden manipular los datos para un fin particular: apoderarse de alguna empresa, sacarla del mercado o hacerla más atractiva; así como adquirir bonos a precios muy por debajo de su valor nominal.
Si esto ocurre en el sector privado, que veracidad e imparcialidad, podemos esperar de las notas generadas por las obligaciones que emiten los gobiernos donde entran en juego otras variables de la geopolítica mundial. Sin serlo, estas agencias se comportan como organismos multilaterales con una credibilidad construida, en parte mediática, que ha logrado la dependencia a sus calificaciones, de las instituciones de política monetaria, financiera y bancaria; inclusive, en organismos como el comité de Supervisión Bancaria de Basilea y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Por cierto, el FMI en informe titulado “FMI aborda el uso y abuso de las agencias calificadoras de riesgo” publicado en octubre de 2010, señaló:
- “Necesitan una supervisión más estricta porque sus actividades tienen un impacto significativo en los costos de endeudamiento de los países y pueden afectar la estabilidad financiera”.
- “Las autoridades deberían continuar con sus esfuerzos para reducir su dependencia de las agencias de calificación y, cuando sea posible, remover o reemplazar las referencias a las calificaciones en las leyes y las regulaciones, así como en las políticas de garantías de los bancos centrales”
En próxima entrega, tomando en cuenta los informes que hacen las agencias calificadoras, abordaremos, entre otros aspectos, el denominado índice de riesgo país y sus implicaciones en la economía nacional.
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