La aprobación en la Cámara de Representantes estadounidense de una ley que obligaría a la compañía ByteDance a vender la red social para evitar su cierre pone en pie de guerra a sus usuarios.
A la habitual tribu de lobbystas y otros mercaderes de la influencia que pululan por Washington, se sumaron esta semana decenas de tiktokers convocados por la empresa propietaria de la popular red social china de vídeos breves. Con la silueta del Capitolio de fondo, estampa clásica del ciudadano anónimo que cruza el país para pedir explicaciones a sus representantes, la latina de Chicago Giovanna González (@TheFirstGenMentor en la app, donde la siguen casi 200.000 cuentas), alzó el martes pasado un hashtag que decía #mantengamostiktok. También se vio con algunos congresistas para tratar de sacar de su error, dijo, a “esos viejos boomers blancos que quieren prohibir” la herramienta que le permitió convertir su “pasión por la educación financiera en un trabajo a tiempo completo como creadora de contenido y conferenciante remunerada”.
González no tuvo éxito: al día siguiente la Cámara de Representantes dio el primer paso para obligar a ByteDance, la empresa matriz, a vender TikTok a una compañía estadounidense si quiere evitar su bloqueo en las tiendas de aplicaciones de un país donde cuenta con 170 millones de usuarios, más de la mitad de su población. En clave geoestratégica, cupo interpretar el gesto como un desafío que abona las crecientes tensiones comerciales y diplomáticas entre Estados Unidos y China.
Pese a su penetración en la sociedad, pocos asuntos han suscitado en Washington tanto acuerdo en la Cámara de Representantes más inoperante que se recuerda. La iniciativa cosechó 352 votos a favor y 65 en contra. En otra demostración de la enorme influencia de la empresa, los congresistas recibieron durante toda la semana las llamadas de tiktokers a los que la red social envió un mensaje con un enlace para meter el código postal y trasladar las quejas a la oficina de su correspondiente representante. Ahora que la ley sigue su camino en el Senado, donde no es seguro que la aprueben, la compañía pasó de nuevo al ataque. El jueves, su consejero delegado, Shou Zi Chew, hizo una visita al Capitolio durante la que declaró: “Nadie ha sabido explicarme exactamente qué hemos hecho mal”. Al día siguiente, enviaron otro post. Decía: “Cuéntale a tu senador cuán importante es TikTok para ti”. No es la primera vez que una tecnológica trata de presionar a los legisladores sirviéndose de sus usuarios, pero seguramente ninguna lo había hecho antes de una manera tan agresiva.
Joe Biden ha advertido que firmará la ley si finalmente aterriza en su mesa. Aunque su campaña de reelección ha abierto una cuenta en la red social para llegar a los votantes de la generación Z ―que se entretienen, se informan, aprenden y prácticamente viven en la red social―, el presidente está de acuerdo con los expertos en ciberseguridad que recuerdan que ByteDance está obligada por la ley de espionaje china a compartir con Pekín los datos de sus usuarios si las autoridades se los reclaman. También, que la adictiva herramienta puede contribuir a la desinformación e influir en la opinión pública estadounidense en este año electoral. Y que eso preocupa a los servicios de inteligencia, como insistieron esta semana en el Senado los directores del FBI y la CIA.
“Hasta ahora, los críticos de TikTok en el Congreso no han ofrecido ejemplos reales de por qué es una amenaza para la seguridad nacional”, aclara en un correo electrónico Paul Triolo, uno de los grandes expertos en la pugna tecnológica entre China y Estados Unidos. “Los datos personales proporcionados voluntariamente por sus usuarios no parecen constituir nada parecido a una amenaza. El argumento de la influencia maligna también es dudoso, ya que la gran mayoría del contenido es generado por ciudadanos anónimos. No hay evidencia de que el Gobierno chino esté interesado o sea capaz de obligar a ByteDance y a TikTok a alterar la forma en la que funciona el algoritmo y si lo hicieran ese movimiento resultaría demasiado obvio para esos mismos usuarios”.
ByteDance ha negado repetidamente que haya compartido sus datos con las autoridades chinas. Para defenderse, la empresa invoca la libertad de expresión (argumento que comparten destacadas asociaciones de defensa de los derechos civiles) y habla del impacto económico que la prohibición podría tener en usuarios como el matrimonio formado por Paul Tran y Lynda Truong, propietarios de un negocio de cosmética (@loveandpebble, 138.000 seguidores), que debe “el 90%” de sus ingresos a la plataforma. “No solo estamos en TikTok, prosperamos en TikTok. Si aprueban este proyecto de ley, estarán destruyendo el sueño americano”, explica Tran.
La lista de los 65 congresistas que votaron en contra (50 demócratas y 15 republicanos) es una curiosa nómina de extraños compañeros de cama, que junta a algunos de las representantes situadas más a la izquierda, como Pramila Jayapal o Alexandria Ocasio-Cortez, que se quejó de que la tramitación había sido “increíblemente apresurada”, con miembros de la guardia pretoriana del trumpismo, de Matt Gaetz a Marjorie Taylor Greene. Al grupo también se sumó el más joven de la Cámara, Maxwell Alejandro Frost, de 27 años.
La voz de la generación Z
Frost es la voz de la generación Z en el Capitolio, una masa de votantes que los partidos se arriesgan a perder con esta operación. No solo: si bien un 72% de los estadounidenses, según el Pew Research Center, está de acuerdo con una mayor regulación del Gobierno sobre lo que las tecnológicas hacen con sus datos, una encuesta de AP fijó en febrero en un escueto 31% la parte que está a favor de una prohibición de TikTok.
En un acto de la universidad de Georgetown, la influyente periodista tecnológica Kara Swisher trató el jueves de tranquilizar a un par de centenares de estudiantes: “Lo primero: chicos, TikTok no va a desaparecer”, les dijo. “Vale demasiado como para dejarla morir. La cuestión es impedir el acceso a esos datos a Pekín, que está metido en todas las empresas chinas, aunque [ByteDance] lo niegue y aduzca que tiene su sede en Singapur. ¿Por qué no iba el Partido Comunista a espiar si puede hacerlo? ¿No haría lo mismo el Gobierno de Estados Unidos? Mucho mejor que un globo volando sobre nuestras cabezas”, afirmó en referencia al aparato que surcó el año pasado los cielos de Norteamérica y desató otra crisis diplomática entre las dos potencias, “es tener 170 millones de centinelas metidos en nuestros teléfonos”. “Es obvio que Mark Zuckerberg también nos vigila, pero me siento más segura si lo hace Facebook que TikTok”, añadió la periodista.
A Swisher, con todo, le preocupa más el poder para la propaganda de TikTok que la amenaza a la seguridad nacional que pueda representar una app cuya descarga ya está prohibida a funcionarios de casi todos los niveles de la Administración de Estados Unidos, y también en países como el Reino Unido o Bélgica u organismos como la Comisión Europea o la OTAN. “Es como si le diéramos la propiedad de todas las cadenas de televisión por cable a un Gobierno extranjero: el chino, para más señas”, advierte la experta. “O peor, porque TikTok tiene más poder que la CNN, la MSNBC y Fox News juntas”.
Si la ley sale adelante, ByteDance confía en que aún podrían tumbarla los tribunales estadounidenses, como pasó cuando Donald Trump trató sin éxito en 2020 de meterle mano a la tecnológica china. Si fracasó entonces fue también porque el entonces presidente no contaba con el apoyo del Congreso.
Pero aquello no fue del todo en balde: forzó a ByteDance a almacenar los datos de los usuarios estadounidenses en servidores situados en Texas y controlados por el gigante tecnológico Oracle. La compañía china, que creció enormemente en Estados Unidos durante la pandemia, también lleva años en negociaciones con una agencia llamada Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS son sus siglas en inglés), que vigila a las empresas que puedan suponer riesgos para la seguridad nacional. CFIUS dio a Grindr, aplicación de citas gay, un ultimátum similar al de TikTok en 2019, y sus propietarios chinos optaron por venderla.
Trump está ahora contra el cierre de TikTok porque teme que aumente, dice, el poder de Meta, tecnológica a la que considera “el enemigo del pueblo” y es propietaria de WhatsApp, Instagram y Facebook, red social que expulsó al expresidente tras el asalto al Capitolio. Estos días los medios estadounidenses han arrojado más luz sobre ese cambio de parecer: resulta que Jeff Yass, uno de los donantes más poderosos de su campaña, es propietario del 15% de ByteDance. Y el candidato republicano a la Casa Blanca está sopesando nombrarlo secretario del Tesoro si gana las elecciones en noviembre.
Llegados al punto de la venta forzada, el proyecto de ley dice que esta tendría que cerrarse en un plazo de seis meses. Entre los nombres que barajan los expertos se encuentran algunas de las grandes tecnológicas de Silicon Valley. Steven Munchin, exsecretario del Tesoro con Trump, anunció al día siguiente de la votación que está reuniendo a un grupo de inversores para pujar. Según CB Insights, ByteDance estaba en diciembre valorada que en 225.000 millones de dólares (206.000 millones de euros), pero el precio de TikTok, cuya versión china se llama Douyin, no se sabe todavía, aunque algunas tasaciones hablan de 84.000 millones.
¿Y el algoritmo?
Así que no está claro el cuánto, pero tampoco el qué. Swisher está convencida de que si ByteDance finalmente vende se quedará para sí el gran arma secreta de TikTok: el algoritmo que ha transformado la cultura de internet y que logra que sus usuarios quieran siempre más, entre otras cosas, porque para poder venderlo, necesita el permiso de Pekín. El proyecto legislativo que ahora pasa al Senado, donde su debate promete dilatarse mientras el líder de la mayoría, Chuck Schumer, aún no ha decidido si forzará una votación, exige además a la nueva propiedad que corte cualquier “relación operativa” con ByteDance.
“Es poco probable que el Gobierno chino apruebe la transferencia o la concesión de licencias de ese algoritmo de inteligencia artificial”, opina Triolo. “También lo es que nadie vaya a pagar lo que cuesta TikTok sin tener acceso a ese secreto. Y tampoco está claro cómo podría transferirse esa tecnología, incluso si Pekín aprobara tal acuerdo, porque los ingenieros y desarrolladores están en China. Recrear el algoritmo sería difícil, llevaría tiempo y habría una incertidumbre significativa en torno a este proceso, lo que preocuparía a los inversores”.
Si, teniendo en cuenta todos esos condicionantes, una empresa estadounidense aún estuviera interesada en comprar TikTok, operación que David E. Sanger comparó en The New York Times con “adquirir un Ferrari sin su famoso motor”, la otra gran incógnita es si los tiktokers fieles serán a la versión made in America de la red social o si esta acabará convertida en una reluciente carcasa abandonada.
Tampoco se sabe cómo afectaría el nuevo algoritmo a las más de siete millones de empresas que, según sus propios datos, hacen negocio a través de TikTok. Algunas de ellas, un formidable negocio. El viernes, una portavoz de la compañía envió a este diario un enlace al perfil de Carlos Eduardo Espina, uno de los creadores de contenido llegados a Washington para presionar. En un video destacado en su perfil, explica en español cuánto dinero hizo en 2023 con las redes sociales, en las que se define como “estudiante de derecho y activista por los derechos de los inmigrantes”: ingresó 1,28 millones de dólares en total, 770.000 solo en TikTok. En otro clip, con el Capitolio de fondo, advierte a sus 8,8 millones de seguidores que los requisitos para la venta obligarían a cambiar la app “drásticamente”. “Y entonces”, lamenta, “no sería la plataforma que conocemos y amamos”.
La compañía no ofreció, en cambio, respuesta a la petición de EL PAÍS de un comentario sobre la campaña lanzada para presionar a los senadores. Alentar a los tiktokers a inundar de llamadas airadas las líneas telefónicas de sus representantes ha dado argumentos a sus críticos. La ven como la demostración definitiva (y tal vez involuntaria) de la enorme capacidad de TikTok para influir en la política estadounidense en uno de los años más decisivos de su historia reciente.
NAM/elpaís
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