Los miles de peces muertos a lo largo de la franja costera de Boca de Aroa empiezan a descomponerse y el mal olor afecta a los vecinos desde inicios de la presente semana. La inmensa cantidad de peces muertos obedece a que un grupo de pescadores los arroja como desechos al considerar que los peces de ese tamaño, pequeños, no son comercializables y por ende prefieren botarlos.
El “detalle” es que arrojan los mismos a orillas de playa cuando bien pudieran establecer un operativo de solidaridad y distribuir esa proteína animal entre tanta gente necesitada que a veces no tiene para comer, comentó Sergio Gómez.
Los lugareños refieren que del problema conocen las autoridades, entre ellas la Guardia Nacional con funciones de Vigilancia Costera, y sin embargo no hay quien le ponga “el cascabel al gato”.
Testigos de la gran contaminación afirman que la cantidad de peces que se observa en la arena “es realmente muy poca respecto a la que arrojan los pescadores mar adentro y a otras cantidades que se han visto obligados a enterrar para disimular la irregularidad”.
En una camioneta hace tres días sacaron tres mil kilos de este pescado que desperdician, hecho que algunos denunciaron como la “paga de la prote”, para que quienes están obligados por ley a poner orden en el bochinche se hagan los desentendidos, afirmaron vecinos de la parroquia del municipio Silva de la costa oriental falconiana.
Hay un silencio de todos, de los consejos de pescadores del municipio Silva cuyas directivas gozan de privilegios como gasolina a discreción y a veces de créditos blandos que solo benefician a los que manejan tales organizaciones “no gubernamentales”, señaló Petra Peraza.
Insopesca tampoco ha dicho nada para poner freno a este despilfarro que luce criminal en tiempos cuando el hambre acecha. Además de suponer un impacto ambiental y un riesgo sanitario por la cantidad de peces muertos cuyo hedor a mortecina se expande hacia las zonas residenciales, apuntaron los lugareños.
Llaman al Ministerio de Ecosocialismo, al Ministerio de Pesca, a la Asamblea Nacional y al Consejo Legislativo Regional a investigar y, lo mas importante, a poner coto a la anomalía.
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