El fabricante automotor japonés Nissan cerrará su planta en Barcelona, que emplea a unas 3.000 personas, como parte de un plan de reestructuración, anunció este jueves el gobierno español, que lamentó la decisión.
«Lamentamos esta decisión de Nissan, no solo de marcharse de España, sino marcharse de Europa, un mercado de 700 millones de consumidores, y de centrar sus actividades en Asia, y todo esto pese a enormes esfuerzos del gobierno para mantener la actividad empresarial», dijo a la radio pública la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya.
La decisión debía ser expuesta por el fabricante en un conferencia prevista este jueves en Tokio.
Nissan dispone en Barcelona de varias instalaciones, paralizadas desde comienzos de mayo por una huelga indefinida de una parte de sus empleados, que han venido reclamando un plan de inversión tras saber que ya estaba previsto un recorte del 20% de la plantilla. Este jueves tenían prevista una protesta, tras conocer la noticia.
En un comunicado, el ministerio español de Industria señaló que la continuidad de la planta de Barcelona tenía «sentido económico para Nissan», al «ser más rentable invertir que asumir el coste del cierre, que podría superar los 1.000 millones de euros».
La planta «tenía sentido estratégico», incidió la ministra de Economía, Nadia Calviño, en Televisión Española.
Pese al varapalo, el gobierno insistió en que se buscarán alternativas «para mantener las capacidades industriales y el empleo en el sector de automoción de la provincia de Barcelona», tal como dijo a AFP un portavoz del ministerio de Industria.
Dichas opciones podrían incluir la búsqueda de un posible inversor, aunque de momento no hay detalles, y el gobierno español está pendiente de analizar el plan de salida con Nissan.
«Vamos a explorar todas las opciones posibles, porque lo que nos preocupa es mantener ese empleo», insistió González Laya.
Nissan, en una alianza con Renault y Mitsubishi, había anunciado previamente su intención de suprimir 12.500 empleos hasta marzo de 2023, aunque la crisis del coronavirus podría ampliar esta cifra, según había avanzado la prensa japonesa.
La automoción es muy importante para España, ya que es el segundo productor de automóviles de la Unión Europea por detrás de Alemania, y genera un 10% de su riqueza en este sector.
El anuncio del jueves de la aerolínea británica EasyJet, que reducirá hasta 30% de su personal, es el más reciente de una larga lista de malas noticias.
La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) estima que el impacto de la pandemia en el volumen de negocios de las compañías aéreas en 2020 será de 314.000 millones de dólares (286.000 millones de euros), lo que supone una disminución del 55% con respecto a 2019.
Una larga lista de bancarrotas
Dos semanas antes, Avianca, la segunda aerolínea de América Latina, pidió acogerse a esta misma ley.
Virgin Australia se declaró en suspensión de pagos el 21 de abril, después de que el gobierno australiano rechazara prestarle 1.400 millones de dólares australianos para mantenerse a flote.
El coronavirus se llevó también a su paso a las aerolíneas sudafricanas South African Airways (SAA) y Comair, a la británica Flybe y a cuatro filiales de Norwegian Air Shuttle en Suecia y Dinamarca.
Una cascada de recortes de personal
La estadounidense United Airlines también anunció recortes (3.450 empleos), así como la británica Virgin Atlantic (3.150), las irlandesas Ryanair (3.000) y Aer Lingus (900), Icelandair (2.000), Brussels Airlines (1.000), la húngara Wizz Air (1.000) y Fiji Airways (758).
Por su parte, el constructor estadounidense Boeing anunció la supresión de 16.000 empleos, es decir 10% de su fuerza de trabajo en la aviación civil, mientras que los fabricantes de motores estadounidenses General Electric y el británico Rolls-Royce eliminaron 12.600 y 9.000 empleos respectivamente.
Estados al rescate
También en Alemania, la empresa de chárters Condor, filial del operador turístico en quiebra Thomas Cook, ha obtenido préstamos garantizados por el Estado por valor de 550 millones de euros.
Francia y Holanda han venido al rescate de Air France-KLM con un plan de entre 9.000 y 11.000 millones de euros.
Italia, por su parte, optó por nacionalizar Alitalia. Easyjet obtuvo un préstamo público de 600 millones de libras (675 millones de euros) y Suiza garantizó 1.200 millones de euros en préstamos a Swiss y Edelweiss, dos filiales de Lufthansa.
Air New Zealand obtuvo un préstamo estatal de alrededor de 900 millones de dólares neozelandeses (479 millones de euros).
Dubái y Turquía anunciaron sin más detalles que apoyarían a Emirates y Turkish Airlines respectivamente.
A mediados de mayo, Iata estimó la cantidad de ayuda estatal a las aerolíneas en 123.000 millones de dólares.
