En 2019, un grupo de entonces diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015 (AN-2015) contrataron un bufete de abogados en España con el propósito de gestionar acciones judiciales en el plano internacional para buscar indulgencias en beneficio del empresario Carlos Lizcano, quien operaba empresas en Venezuela en nombre de Alex Saab y Álvaro Pulido.
Casi cinco años después, el mismo bufete contratado por los exdiputados denuncia ante la Policía Europea (Europol) a José Brito, Adolfo Ramón Superlano, Conrado Pérez, Chaim Bucarán, Luis Parra, José Luis Pirela y Richard Arteaga por el impago de honorarios profesionales, la falsificación de documentos y el desfalco de al menos 1.100 millones de euros.
Carlos Lizcano, operador de Alex Saab y Álvaro Pulido en el negocio de los CLAP, y los diputados que viajaron en secreto en 2019 a defender los negocios de Alex Saab con el chavismo han sido denunciados ante Europol, oficina europea de policía pic.twitter.com/s3IhuZSQYJ
— Roberto Deniz (@robertodeniz) January 8, 2024
La información la dio a conocer el periodista Roberto Deniz, quien aseguró a través de su cuenta X que el bufete reclama honorarios no pagados y haber sido utilizado para intentar «legitimar capitales y desbloquear» fondos en bancos con documentos falsos que los opositores presentaron en ese momento.
El bufete dijo que fue contratado con el objetivo de demostrar la supuesta legitimidad de las empresas y permitir el reinicio de actividades mercantiles de cada una de ellas. Usualmente, indica, los opositores culpaban a las sanciones internacionales, «pero también existen actos de legitimación de capitales porque pretendieron ingresar millones de euros al sistema bancario Europeo».
En otros de los fragmentos del documento compartidos por Roberto Deniz, investigador de Armando.Info, la firma de abogados comentó que fueron usados para que, bajo engaños, lograran la liberación de las cuentas bancarias y la legitimación no solo a las empresas, sino también los contratos que celebraron y que se caracterizan «por ser actos de corrupción e ilegitimidad» contra el patrimonio público venezolano, según Armado.info.
Según la denuncia, existe un presunto desfalco de más de 1.100 millones de euros, que fueron depositados en bancos fuera de Venezuela, sobre todo en Europa. «Gran parte de ese dinero se encuentra congelado en varios bancos y es prioridad que se notifique al secretario de gobierno de Estados Unidos y a la Oficina de Control de Activos Extranjeros porque existen varios procedimientos importantes en curso y estos están relacionados con nuestros expedientes locales».
El bufete no sólo reclama honorarios no pagados, sino que también ahora señala haber sido utilizado para intentar legitimar capitales y desbloquear fondos en bancos a partir de documentos falsos entregados por los diputados en ese momento pic.twitter.com/nLECbq6uX2
— Roberto Deniz (@robertodeniz) January 8, 2024
NAM/Versión Final
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