El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), extendió hasta el 13 de agosto de 2024 la licencia que impide que los tenedores del bono Pdvsa 2020 actúen en contra de la filial estadounidense de la estatal venezolana Citgo Petroleum Corp.
La renovación de la suspensión de la Licencia General 5 dada a conocer este lunes 15 de abril, fue suspendida inicialmente en el año 2019, para permitir a la junta ad hoc de Petróleos de Venezuela ejercer la defensa de sus derechos frente a los bonistas.
De acuerdo a la licencia del Tesoro norteamericano durante el periodo en que se encuentre en vigencia está prohibida «la venta, transferencia, cesión o pignoración como garantía por parte del Gobierno de Venezuela de cualquier participación accionaria en cualquier entidad en la que el el Gobierno de Venezuela tiene una participación del 50 por ciento o más».
De acuerdo a la licencia del Tesoro norteamericano durante el periodo en que se encuentre en vigencia está prohibida «la venta, transferencia, cesión o pignoración como garantía por parte del Gobierno de Venezuela de cualquier participación accionaria en cualquier entidad en la que el el Gobierno de Venezuela tiene una participación del 50 por ciento o más».
En febrero pasado, la junta de Pdvsa ad hoc celebró la decisión de la Corte de Apelaciones del estado de Nueva York (EEUU) que reconoció la importancia de analizar la validez de la emisión de bono Pdvsa 2020 y la garantía de 50,1% de las acciones de Citgo Holding Inc. a la luz del derecho venezolano.
«Como se ha informado con anterioridad, la operación que generó la emisión de los bonos, así como de la mencionada garantía, fue realizada sin la debida autorización de la Asamblea Nacional del 2015 , de acuerdo a normas constitucionales de Venezuela», indicó la junta administradora de Pdvsa en un comunicado.
Por otra parte, un Tribunal de Distrito de EEUU en Delaware aprobó iniciar el procedimiento de venta de las acciones de Citgo, a través de una subasta, al alegar que las sanciones impuestas por el Gobierno norteamericano no impiden que se puedan tomar medidas preliminares hacia la oferta de la participación accionaria de PDV Holding.
Esta decisión del juez Leonard Stark obedece a la demanda interpuesta por la canadiense Crystallex, que exige una indemnización de 1.200 millones de dólares por la expropiación de una mina de oro ejecutada en 2010. Esta empresa lleva tiempo buscando el cumplimiento de un laudo arbitral contra Venezuela, en un proceso que ganó en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). Con este fallo se sumaron otros acreedores.
Con la subasta de acciones de la refinería con sede en Houston, Texas, busca satisfacer $21.300 millones en sentencias por expropiaciones e impagos de deuda de Venezuela. La subasta concluirá este año y podría poner a la séptima refinería estadounidense por volumen de procesamiento en manos de rivales o inversores.
NAM/Agencias
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